A continuación presentamos dos resúmenes de las publicaciones más recientes de las revistas jurídicas sobre derecho urbanístico.
Reflexiones sobre la necesidad de una nueva legislación urbanística para la comunidad andaluza: ¿obsolescencia o inobservancia del marco legislativo actual?
Por Pedro Górgolas Martín
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha iniciado los trabajos para redactar una Nueva Ley Urbanística que sustituya a la actual. Parece existir un consenso generalizado en los mentideros urbanísticos de la región andaluza sobre la necesidad de este cambio, del que resulte un nuevo texto innovador y adaptado a las circunstancias históricas actuales. Sin embargo, el incumplimiento de la legislación actual por parte del planeamiento general es manifiesto, sobre todo en relación con los preceptos que informan del tipo de ciudad requerido -compacta, diversa, ambientalmente cualificada y socialmente cohesionada-, por lo que, más que de obsolescencia de la ley urbanística, habría que hablar de inobservancia de disposiciones sustantivas para asegurar la sostenibilidad del sistema de ciudades andaluz.
El régimen urbanístico de las residencias de estudiantes: a propósito de su nueva regulación en Barcelona
Por Noemí Blázquez Alonso y Joaquín Hernández Tornil.
Las residencias de estudiantes han sufrido los últimos años una gran transformación debido a la inyección de capital realizada por operadores extranjeros. Pero esta transformación no ha estado exenta de riesgos. La exigencia de un mayor retorno en las inversiones se ha traducido en una imperiosa necesidad de cambiar el modelo de negocio, que, en ocasiones, ha supuesto que las residencias se acerquen a verdaderas actividades turísticas. La administración ha puesto el foco de atención en el sector, ejerciendo una presión regulatoria creciente. Nuestro trabajo analiza este giro normativo para luego centrarse en la nueva regulación urbanística de la ciudad de Barcelona, que tanta incertidumbre está ocasionando. Por último, también se cuestiona la permanencia de una norma que ha generado una oposición frontal de autoridade de la competencia, operadores de alojamiento estudiantil e incluso del propio sector turístico.