La aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda es la primera ley de vivienda de la democracia aprobada por el Estado, no así por las Comunidades Autónomas, competentes en esta materia a tenor del art. 148.3 CE, aunque fundamentalmente centradas en la regulación de los planes autonómicos de vivienda y los diferentes tipos de vivienda protegida. No es casualidad su aprobación en el momento presente. Al contrario. En nuestro país, actualmente, la dificultad de acceso a la vivienda de amplios colectivos de la población se sitúa en los primeros puestos de la agenda mediática y política, siendo uno de los principales ámbitos de preocupación de la ciudadanía. Esta realidad social ha puesto de manifiesto la importancia y la potencialidad de la maquinaria pública para la realización de las líneas de actuación gubernamentales en la provisión de vivienda y como facilitadora del acceso a la misma.